25 de abril de 2011

La organización política en la esfera mediática

La reunión anterior habíamos intentado armarnos una noción de lo que es la organización política en la actualidad y habíamos orientado nuestra mirada de acuerdo a dos niveles: uno macropolítico y otro infrapolítico. Decíamos que los actores de la política macro tienden a hablar de cosas generales, en términos de representación, mientras que los espacios infrapolíticos tienen una enunciación más ligada a la situación singular en la que actúan. Para pensar con mayor profundidad esos modos de decir, esta vez nos propusimos reflexionar sobre el tipo de eficacia de la organización política en el orden mediático.

Tenemos la impresión de que hay una diferencia de intensión (también podríamos decir de intención, pero nos estamos refiriendo a lo que opera en el orden del significado -distinto de la extensión- y no a algo previo a la enunciación) en los enunciados de las organizaciones que podríamos situar en cada uno de estos niveles. Mientras que las instituciones macropolíticas ofrecen respuestas, las infrapolíticas formulan preguntas. Unas estabilizan un cierto universo lingüístico, las otras tienden a desequilibrarlo, señalando la insuficiencia de los términos que lo constituyen.

De ningún modo se trata de un funcionamiento complementario, por el cual de un lado se formulan las preguntas que del otro lado serán respondidas. No hay una respuesta necesaria para ninguna pregunta. Cada configuración espaciotemporal de lo social hace posibles determinadas preguntas y habilita determinadas respuestas. En el borde de esa determinación epocal emergen las inquietudes de la política infra, que no pueden ser respondidas de acuerdo a las certezas disponibles, abriendo un espacio de indeterminación. 

Las preguntas así formuladas no cargan en ellas su propia respuesta, pero sí parten de una cierta intuición, de una cierta hipótesis: la idea de que no hay en el lenguaje existente un término que nombre lo que ella señala. Hay un plus de realidad que no entra en las respuestas de las que se dispone, y aflora en forma de pregunta. Las prácticas en el orden de la macropolítica tienden a procesar lo social de acuerdo a unas categorías ya dadas, su palabra es la de la ley, que discierne y subsume a la norma unos modos de ser/hacer que son múltiples y heterogéneos.

¿Podemos decir que hoy más que antes la palabra de la ley se ve desbordada? ¿Podemos advertir una multiplicación de las preguntas, una preeminencia de las preguntas sobre las respuestas? ¿Estamos ante una complejización de lo social? ¿Qué rol juega lo mediático en esa tensión entre la expresión de lo singular que acontece y la aplicación de categorías preexistentes? ¿Lo mediático es esencial a la complejidad de la sociedad? ¿Expresa esa complejidad? ¿La constituye? ¿La anula? ¿Qué es lo mediático?

Al hablar de la esfera mediática nos referimos menos a los medios de comunicación –la cuenta de cada artefacto mediático por separado: la televisión, la radio, los diarios- que a un entramado semiótico que reconstituye el espacio público/privado en términos de información (info-esfera). La descripción de tamaña mutación puede resultar completamente insuficiente si no percibe el modo en que lo mediático participa de la constitución de nuestros propios modos de decir y de actuar.

Cuando pasamos de los medios de comunicación dejan de ser mera presencia de un conjunto de aparatos de emisión/recepción para pasar a engendrar un verdadero medio de la experiencia lo mediático deja de actuar sobre un nivel de la vida (el de la información o el entretenimiento) y comienza a reorganizar la existencia como tal (la visa resulta impensable sin información o el entretenimiento). Los medios ya no componen una dimensión de la vida social sino que pasan a coordinar sus distintas dimensiones, a organizar sus múltiples espacios, a trazar sus líneas de lectura, a ofrecer patrones de coherencia a diferentes enunciados y prácticas. Las maneras más complejas de coordinar la vida social contemporánea son impensables sin este registro de lo mediático. Al punto que podemos asumir (como lo hiciera en su momento Lewkowicz) que la función meta-institucional que en su momento tuvo el estado hoy lo ocupa una coalición inédita entre los mercados y la info-esfera.

Las instituciones políticas tradicionales se resignifican a la par de estas transformaciones. Así como una estructura estatal inscribía ciertos rasgos sobre los actores comprendidos en ella, hoy la esfera mediática conjuga unos nuevos modos de organización y de participación política. Podemos pensar que la constitución de lo mediático como esfera vital –esfera de las prácticas cotidianas- está vinculada con la decadencia del modelo emisor clásico. Los medios de comunicación ya no son simples aparatos de emisión y de formación de opinión, en la infoesfera estos son, más bien, agentes de articulación de enunciados. 

Por ejemplo, en la construcción discursiva que hace el gobierno nacional en el programa 678 hay un modelo más clásico, con una enunciación fuerte, centralizada, pero que cobra eficacia enunciativa en su articulación con los modos de comunicación que se producen en torno a ese espacio televisivo. La población que accede a los contenidos del programa no guarda relación con los datos de la audiencia en el momento de emisión: son muchos más los interlocutores que los televidentes. El “fenómeno” 678 no puede ser entendido si no se tiene en cuenta la circulación de información producida por los supuestos receptores a través de distintas redes sociales (facebook, twitter) y blogs. Este flujo horizontal (ya no desde uno a muchos, sino entre los muchos) de datos e imágenes da lugar a nuevas modalidades de coordinación colectiva, volviendo posible que, desde la computadora de su casa, alguien convoque a una movilización de 40 mil personas en apoyo al gobierno.   

En este contexto, hacer una campaña política ya no equivale a emitir y difundir un discurso. El enunciado políticamente efectivo –capaz de interpelar a los otros, de incentivar acción y organización- no es hoy el de quien controla la emisión. La clave de la construcción mediática del gobierno está menos en el carácter de la emisión (como estructura su discurso, qué dice, cómo lo dice) que en la generación de un entorno de emisión, donde los públicos son los que dicen y difunden. Por eso, podemos decir que un buen operador político es quien tiene la capacidad de ensamblar los discursos y las imágenes que se producen en la sociedad. La mejor campaña no es la del creativo -que idea un slogan o piensa una marca- sino de quien sabe captar lo que está ya presente circulando en lo social. Se trata de un oficio de montajista, como el del anónimo que formuló la frase “Kirchner con Perón, Cristina con el pueblo” luego de la muerte del expresidente.  


Sin embargo, esta misma descentralización y difusión de las instancias de enunciación puede resultar riesgosa para una determinada construcción política. Por eso, el sistema mediático se dispone como un mecanismo modulador de las enunciaciones. Crear un entorno de emisión es habilitar un espacio para que las voces se expresen, pero garantizando que lo hagan dentro de ciertos márgenes, en un campo de lo decible delimitado. En un entorno social en el que veíamos una creciente complejidad, donde proliferan expresiones que no pueden ser respondidas por el lenguaje político dado, lo mediático opera como un dispositivo de gobernabilidad. Ya no se intenta hablar por los otros, tapar con el propio discurso la palabra ajena, sino encausar la pregunta, desactivar la carga alteradora que lleva en ella.

12 de abril de 2011

¿Qué es la organización política?

Nos preguntamos qué es la organización política en la actualidad y nos propusimos responderlo sin limitar la idea de organización a la noción clásica de militancia. Nos referimos a la organización en lo que coincide con las instituciones políticas tradicionales, como los partidos, los órganos del estado o los sindicatos, pero también a todas aquellas organizaciones que divergen de ese nivel institucional más clásico. Observamos otros procesos que exceden esa idea tradicional de acción política.

Lo primero que nos surge es la imagen mayoritaria de la formación como sustento de la organización, propia de las militancias de izquierdas (peronistas o no). Los espacios de formación teórica de los partidos funcionan como dispositivos de sistematización-estabilización de criterios para leer, interpretar y dar sentido a la acción. Por otro lado, nos encontramos con ejemplos de intervención territorial que asumen el rechazo de todo orden previo que delimite sus prácticas. Lo que hay es menos un proyecto acabado que una intención en movimiento, una apuesta a que el sentido de la acción se vaya delineando en la acción misma.

Mientras que en el partido la reflexión teórica sobre medios y fines es una dimensión fundamental de la organización, en estos grupos aparece un elemento diferente, que surge de suspender toda expectativa de redención como condición para la experiencia. “No se trata de transmitir, ni de incluir, ni de aconsejar, ni de salvar, ni de emancipar a los pibes y pibas”, dice Barrilete Cósmico para describir la ética que traman sus tardes de juegos y mateadas en las cercanías de las estaciones de tren del oeste conurbano. Se trata, más bien, de construir una relación, de disponer los cuerpos a que algo pueda darse, a que algo del orden del encuentro pueda tener lugar.

La acción (política, agregamos nosotros. Tal vez más abajo llamemos a esto “infrapolítica”) no es concebida como el camino a transitar entre la situación existente y el orden cosas deseado. No hay una “sociedad” que se pretenda construir ni una finalidad a la que subordinar las variables del presente. El horizonte de la acción es el que impone el hacer mismo, un horizonte menos trascendente que intenso, ligado a lo puede el encuentro. Una política sin fines, por fuera de toda racionalidad teleológica, en la que vemos resonar la tonalidad política que en el 2001 llenó las calles, caracterizada por un agnosticismo respecto de los grandes objetivos.

No se construye tal o cual visión de la realidad, se participa de las formas de vida circundantes, junto con los modos de hacer cotidianos. La pegunta no es ya cómo transformar el mundo, sino cómo ampliar las dinámicas de libertad en una situación concreta. Las situaciones de vida no se descartan por malas o por injustas, sino que se piensan como escenarios de acción, al interior de los cuales pueden crearse espacios de libertad.

En otra experiencia en el mismo sentido, acerca de los talleres textiles clandestinos, encontramos el planteo de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui sobre la necesidad de crear espacios de ética al interior de las situaciones de ilegalidad. “La contaminación que nosotros manejamos no puede ser digerida por la moral de la izquierda (…) Si no entiendes a la policía y a las mafias por dentro, tu escudo moral resulta inocuo”.  

Hay una renuncia a un orden moral andamiado por valores trascendentes, una renuncia que afirma la micropolítica como ética. Y, si bien se puede pensar a esta política infra como la dimensión de la que parten las líneas que luego la macropolítica retoma, en estos casos lo que se expresa es, más bien, una no-traductibilidad. Son prácticas que más que hablar el lenguaje de la política instituida, lo interrumpen, lo obligan a volver sobre sí, a ver sus propios límites. Tanto Barrilete Cósmico como los grupos que se organizan en torno al trabajo en los talleres textiles tienen poca posibilidad de construir grandes consensos, de operar como actores de la política macro. Sin embargo, tienen una gran potencialidad de afectar otros niveles del orden maquinal de la ciudad.

Cuando, desde su práctica singular y situada, estos grupos dicen “trabajo” (en torno a los talleres) o “infancia” (en la experiencia de Barrilete) se hace referencia a un universo mucho más complejo que el que estas nociones expresan para las organizaciones políticas y sociales tradicionales. Iluminan una dimensión de práctica de lo que es ser chico/a o ser trabajador/a que los conceptos instituidos no dejan ver. La persona que trabaja en un taller textil clandestino se encuentra por fuera de la figura del trabajador que sostiene el sindicato o el partido. Los pibes y las pibas que desarrollan una relación directa con el mundo y con los que estrecha un vínculo a partir de un picado no es reconocible en el estereotipo de niñez que proyectan la institución escolar, o bien ciertas militancias sociales avocados al asunto.

Un ejemplo de organización que transitó desde un orden al otro de la política (de “infra”, a “macro”) puede ser el de Madres de Plaza de Mayo. En su comienzo no se trató más que de salir a la calle para decir/mostrar algo. Un grupo de mujeres que se reúne en la plaza principal de la ciudad, frente a la Casa de Gobierno, para pedirle al estado que informe de sus hijos y sus hijas desaparecidxs. Que se reúne cada jueves a la tarde para expresar con su presencia algo que en el discurso político de la época era imposible de decir. En este salir a la calle sin un programa político previo, no se parte de fines o medios ponderables dentro de la política existente. Es un salir a la calle que abre un espacio de libertad, que escande el lenguaje político disponible (“nuestros hijos nos parieron”, suele decir Hebe de Bonafini).

¿Cuál es la variación enunciativa que posibilita este verdadero acontecimiento político que fueron las Madres de plaza de mayo entre fines de los años 70 e inicios de los 80?: la alteración (no violenta) del régimen discurso en torno a la guerra en curso, la declaración de un estado de excepción continuo y permanente, es decir, la recusación de la vigencia de la ley mientras “nuestros hijos no aparezcan vivos”: mientras no estén, no se puede aceptar la ley. La irrupción de esta enunciación conmociona el orden político (político-militar) y abre un nuevo campo de significaciones, en que nuevas cosas comienzan a ser dichas. Se puede pensar que hace unos años las madres de plaza de mayo actúan en un nivel diferente, un orden macropolítico, expresando cada vez más a sectores que se involucran en la apuesta abierta por el gobierno actual.

¿Qué es lo que diferencia una perspectiva infrapolítica de otra macropolítica? ¿Se trata de una diferencia de alcance, de escala? ¿o se trata de organizaciones y modos de eficacia sustancialmente diferentes?¿podemos pensar en una diferencia en los modos de intervención en una cierta situación, una diferencia de modo de enunciación? Estamos tentados en pensar que la macropolítica habla “de” todos pero no habla “a” todos, mientras que la infrapolítica no habla “de” todos pero habla “a” todos, será así?

En el próximo encuentro intentaremos elucidar cómo funcionan las organizaciones en un contexto mediático.

22 de marzo de 2011

Cuando decimos coyuntura política

Este año empezamos el taller con la pregunta por aquello a lo qué nos referimos cuando decimos “coyuntura política”. La noción de coyuntura es algo que hasta ahora no nos habíamos dado como objeto, pero cuya concepción en común fuimos configurando en la elaboración de cada uno de los temas/problemas que abordamos en nuestras reuniones. ¿Qué noción de coyuntura entrañan nuestros análisis? ¿Qué sería profundizar nuestro tratamiento de los asuntos de coyuntura?
Podemos decir que la coyuntura es conjunción de procesos que se afectan entre sí. De modo que cada vez contamos al menos con dos niveles para el pensar político. El de los procesos en que estamos inscriptos y el de la coyuntura como espacio de cruce de tales procesos. En tanto resultante dinámica de los procesos y fuerzas de las que surge la coyuntura experimenta mutaciones notables. Por momentos se debilita, y por momentos se torna poderosa, subsumiendo en metabolismo a los mismos procesos que le dieron origen. Pero más que darnos una definición abstracta, lo que buscamos es ver cómo opera el término en la práctica, en las prácticas de pensar/actuar de las que participamos. Por eso, para acercarnos a una definición, vamos a proponernos dos planos en los que reflexionar sobre la coyuntura: uno nacional y otro internacional. Dentro del primero, elegimos tres escenarios, tres grandes coyunturas: 1945, como momento de nacimiento del peronismo; la situación política de 1973, con el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina luego del exilio, y el escenario político actual en el país. Luego, nos trasladaremos a la actualidad, tomando la situación de Medio Oriente, zona con la cual guardamos una distancia espacial y cultural, y al mismo tiempo signo de complejos procesos que dinamizan y afectan la coyuntura global, ayudándonos a volver más claramente sobre los criterios que operan en nuestra mirada.
1945, 1973, 2011 se nos presentan como instancias que en su emergencia excedieron los conceptos y categorías para pensar los fenómenos sociales existentes hasta ese entonces. Esta constante puede dar lugar a la sospecha de insuficiencia de toda categoría para expresar lo que es en un cierto momento de lo social. ¿Qué época histórica no excedió el lenguaje de sus contemporáneos? Puede que lo propio de la historia sea efectuar esos excesos que ponen a los cuerpos y a las ideas a andar.
¿Cuál es la novedad en 1945? ¿Qué es lo que azora a las mentes de la época? Las movilizaciones masivas a Plaza de Mayo alteraron el ordenamiento simbólico y espacial de aquellos años, dando a luz a un nuevo actor político. Los “cabecitas negras” habían llegado a la ciudad tras grandes olas de migración interna, principalmente desde zonas rurales de las provincias del norte, para trabajar en las fábricas abiertas en el proceso de industrialización. De la periferia del país, a la periferia de la ciudad, el 17 de octubre de 1945 desembocaron en el centro de la escena política.
Podemos decir que no se trató simplemente de la visibilización de la clase obrera, como si algo antes permanecido en la oscuridad en ese punto hubiese sido iluminado. La presencia colectiva en las calles, en el seno de una manifestación política signada por la figura de Perón, más que una visibilización era una institución de nuevos sujetos políticos. Una presencia que no se adecuaba a las categorías de la política hegemónica de la época, pero tampoco al sujeto-trabajador considerado por el socialismo, el comunismo, el anarquismo. No son exactamente “los trabajadores”, son los “cabecitas negras”, término que, nacido en la coyuntura, tiene la virtud de ser la expresión que mejor cabe a ese fenómeno particular.
Lo que de coyuntural hay en el término nos reclama una mirada hacia las restantes líneas y espacios políticos de ese momento. “Cabecita negra” era una acepción despectiva, acuñada por los sectores dominantes, pero no por toda la clase alta como actor unificado. Con el surgimiento del peronismo, se produjo una polarización de las clases dominantes: una parte se embarcó en un proyecto reformista bajo el discurso del desarrollo de la burguesía nacional y otra parte se opuso a los procesos que tenían su antecedente en la labor de Perón desde 1943 en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Afín a estas franjas de la clase dominante en oposición, la iglesia adoptó un discurso explícitamente antiperonista y, con ello, se instituyó como un actor claro dentro del escenario político. En una misma tonalidad frente al gobierno se inscribieron, a su vez, las incipientes clases medias, como los trabajadores de cuello blanco, a pesar de haber sido un sector surgido al calor de las reformas sociales posibilitadas por el peronismo.
Es el conjunto de estos procesos lo que conforma la coyuntura. Observarla implica desentrañar las líneas de acción que se van desplegando y las líneas identitarias que se van trazando en un cierto espacio. Una coyuntura es una unión de líneas que se ven afectadas por su conjunción y que, asimismo, afectan la conjunción que componen. Son líneas que están co-yuntas, que aran juntas el campo de la historia. Esos modos de componerse –de arar juntas- es lo que se intenta identificar en una descripción.
El segundo momento que nos propusimos observar es el año 1973 en Argentina. El 12 de octubre de 1973 tuvo lugar ante los ojos de Perón una plaza muy diferente de la que había exigido su liberación en 1945. El actor central esta vez era la juventud, hija de la generación del ´45, tanto de las clases bajas peronistas como de las clases medias antiperonistas, que había vivido el devenir posterior al golpe de 1955. Junto con ella, celebraban la tercera presidencia de Perón sectores del sindicalismo, del empresariado, del partido.
Si los trabajadores urbanos provenientes de las provincias se constituyeron como actores políticos en su afluencia a la Plaza de Mayo, en las manifestaciones de 1973 el espacio frente a la Casa Rosada ya no tuvo esa función performativa. Los grupos que confluyeron en la plaza tenían una identidad política ya constituida, unas trayectorias de militancia y de participación que definía en ellos una cierta orientación, unas ciertas expectativas, que redundaban en divergencias.
En una coyuntura las líneas convergen y divergen de modo permanente: una coyuntura es un todo vivo, donde se suceden y se replican continuidades y rupturas. Al son de ese movimiento complejo se van definiendo los actores en juego. Por eso, cada vez que nos concentramos en las particularidades de un acontecimiento histórico, los sujetos involucrados, que parecían ser los mismos de antes, toman otro color, notamos que ya son otros.
La juventud que actualmente se organiza en torno a la figura de Cristina Fernández y del proyecto kirchnerista ¿es la misma juventud que había tomado protagonismo en los ´70? ¿Hay una reaparición de la juventud en la política? ¿Se puede hablar de “la juventud”, salvando las distancias generacionales? Será necesario observar el resto de los actores que conforma el escenario político, revisar los modos de articulación y los puntos de conflicto. ¿Sería esta juventud capaz de vaciar una plaza?
Nos preguntamos si existe alguna tensión entre la figura de la presidenta y el proyecto que encabeza y las militancias que se agrupan en torno suyo. Podría pensarse que hoy la tensión es más bien con los movimientos sociales que con los jóvenes militantes. En el armado de gobierno que permitió a Néstor Kirchner remontar un proyecto estatal en 2003 es central la articulación con los movimientos sociales protagonistas en los procesos del 2001. Hoy muchos de esos movimientos están imbricados en el aparato del Estado, con posiciones más o menos conflictivas.
Frente al gobierno -y no ya dentro de él- aparecen movimientos sociales nuevos, que son a penas visibles pero que tienen un rol importante en la política local, dentro de la que intervienen. Las manifestaciones contra la minería a cielo abierto o contra la explotación sojera son ejemplos de ello. Pero, también, conflictos urbanos que no son pensados como políticos, como las movilizaciones por casos de gatillo fácil, por acciones de desalojo o por causas de discriminación.
Es como si en la Argentina actual nos encontráramos frente a dos tiempos de la política: por un lado, la articulación del estado con los movimientos sociales, que es un factor fundamental de gobernabilidad, y, por el otro, la desposesión por explotación de los recursos naturales, que guarda una continuidad con las formas urbanas de explotación de la renta y la especulación inmobiliaria. A lo largo de esa línea se puede entrever el surgimiento de nuevas expresiones políticas y sociales, tanto los vecinos que se convocan para evitar la instalación de una mina como las familias que se organizan para resistir un desalojo.
Por último, situamos la mirada en Medio Oriente y a través suyo vemos la pérdida de hegemonía simbólica del unilateralismo de los Estados Unidos. Dos grandes consignas parecen sintetizar el pensamiento que llega desde el norte de áfrica (para ponerlo en paralelo con la coyuntura de la última década sudamericana): el fin de la arrogancia occidental, y la confirmación de la emergencia de nuevos sujetos populares inteligentes. Así como un momento histórico desborda las categorías existentes para pensarlo, los acontecimientos recientes en Oriente refutan las definiciones que le asignaba Occidente. El hecho de que el propio pueblo musulmán (o cristiano-musulman) se deshaga de un gobierno dictatorial rompe la equivalencia entre islamismo y tiranía sostenida por las potencias occidentales. Pero, es todo el pensamiento moderno del estado lo que allí hace crisis, ya que la revuelta contra un gobierno tiránico se da en oriente en nombre de la tradición islámica. Es decir, cambios políticos considerados “modernos” son impulsados por fuerzas “premodernas”, como la religión.
La decadencia del discurso unilateralista está ligada íntimamente al despliegue de tecnologías no centralizadas de comunicación e información. En la época digital la información tiende a la multiplicación y a la dispersión. En otro momento, podrían haberse dado procesos de cualquier signo en otro lugar del mundo sin que nunca nos enteráramos o a los que hubiéramos leído a través del gran discurso mediador del país que concentrara la enunciación. Es decir, ante una lectura unidimensional, hubiésemos tenido vedada la reflexión sobre la coyuntura, vedada la posibilidad de ver la complejidad de las líneas que se entraman.

13 de marzo de 2011

Cuando tenga la tierra

Por Sebastián Premici

La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda América latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para acceder a la posesión de sus tierras. En Brasil, son cuatro millones de familias en esa condición. Para analizar esa problemática, Cash reunió a la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Etelvina Macioli, a un integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el ecuatoriano Luis Andrango, y el representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, Diego Montón. La soberanía alimentaria, una reforma agraria y un nuevo modelo de agricultura son los ejes comunes que atraviesan a esos movimientos sociales vinculados con el pequeño productor familiar y comunitario. También analizaron el modelo brasileño para la distribución de tierras, esquema que podría ser adoptado por la Argentina en un proyecto de ley para regular su propiedad, anunciado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?

Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.

¿Qué significa?

E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.

¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?

Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.

E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.

¿Cuáles?

E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.

¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.

E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.

¿Cómo es la política de distribución de tierras?

E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?

Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.

E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.

D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.

¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?

L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.

En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?

D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.

¿Cómo se refleja ese proceso?

D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.

¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?

L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.

D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.

E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado

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23 de noviembre de 2010

América Latina después del neoliberalismo

Con el fin de los gobiernos de corte explícitamente neoliberal en América Latina, se produjo un cambio de signo en la política de la región. En la etapa iniciada los gobiernos adoptaron un discurso de crítica y diferenciación con el modelo neoliberal dominante hasta entonces. Ese distanciamiento marca un nuevo clima político de época en nuestros países, en medio del cual nos encontramos actualmente.  

En Brasil, desde la asunción de Lula Da Silva se comenzó a utilizar el término Posneoliberalismo para caracterizar los procesos que se iniciaron a partir del acceso al gobierno de sectores que se dicen no-neoliberales. ¿Cómo podríamos caracterizar este período autoproclamado posneoliberal? ¿En qué consisten los proyectos políticos que contiene? ¿Encarnan una superación del neoliberalismo o son, más bien, una mutación de aquél? ¿Se puede hablar de pos-neoliberalismo?

La idea de posneoliberalismo nace como parte de un discurso que insiste en una lectura del presente como superación del neoliberalismo. Esta mirada supone una capacidad de valorar cambios que ya no aspiran de modo inmediato al corte revolucionario: el cambio social en curso debe ser valorado en sí mismo. Tal vez otra perspectiva posible sea aquella que sostienen gobiernos como los de de Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador, más afín a las retóricas de la revolución (socialismo del siglo XXI).

Brasil y Venezuela son asumidos por muchos como polos al interior del nuevo protagonismo del actual momento regional. Mientras que las iniciativas regionales que parten de Venezuela suelen exhibir una voluntad política de una mayor independencia respecto del sistema económico y de crédito internacional, Brasil condiciona esas iniciativas (como el banco del Sur) a la articulación con las instituciones del mercado mundial, dentro del cual acrecienta su influencia.

Al observar el contexto político en la región, podemos entrever que la clausura del modelo neoliberal ha significado un avance de las lucha sociales sin que pueda hablarse  de una ruptura total, o un modelo superador acabado. La díada entre ruptura radical y continuidad identidad absoluta no funciona. ¿Cómo valorar las singularidades que se observan en los procesos actuales? Hay mutaciones, reapropiaciones y elementos que permanecen. Para abrir la mirada, entonces, conviene concebir a neoliberalismo y posneoliberalismo no como modelos excluyentes entre ellos, sino como conjuntos de procesos en relación.

La distinción entre neoliberalismo, posneoliberalismo y socialismo del siglo XXI, que en el nivel de los discursos se presenta más bien ordenada, tiende a disgregarse si centramos la mirada en las economías. La Venezuela de Chávez, por ejemplo, se sitúa ideológicamente en contra de la dependencia económica con Estados Unidos, pero tiene funcionando un ALCA de hecho con ese país a partir del hecho de que la mayor fuente de ingresos de su economía es la exportación de la producción de petróleo destinada casi exclusivamente al mercado norteamericano.

¿Qué pasa en el resto de los países? ¿Qué elementos en común presentan? ¿Existe una economía regional en el posneoliberalismo? Hay analistas que sostienen la hipótesis según la cual desde el 2000 existe un modelo sudamericano que sustituye al de los 90, y que entre sus rasgos comunes estaría, por ejemplo, el neoextractivismo. Es decir, América Latina como exportadora de materias primas al mercado mundial: megaminería, petróleo, granos, agua y biodiversidad. Al modelo extractivo de capitales propio de la década anterior lo sustituiría un modelo extractivo de recursos.

Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, advierte que en la región se pasa de la influencia de organismos internacionales como el FMI a otros como el Banco Mundial. El discurso dominante ya no es el de la exigencia del pago de la deuda externa, la necesidad de las privatizaciones y el achicamiento del estado. Dada la inestabilidad económica y las crisis de gobernabilidad que trajo aparejado el debilitamiento de lo estatal, vuelve a considerarse deseable la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones y las políticas públicas.

El corazón de este modelo neoinstitucionalista, afirma Dávalos en su último libro La democracia disciplinaria, se explica a partir de nociones como las de “acumulación por desposesión”. El capital se acumula desposeyendo a las regiones de sus bienes naturales, mediante un sistema de extracción-exportación que incluye gran inversión en obra pública de infraestructura. En función de la explotación de los recursos naturales se trazan subterritorios nacionales, corredores que conectan las economías locales de acuerdo a los proyectos de extracción de recursos y según las facilidades para su transporte. Desde este punto de vista, no son diferentes las economías regionales. Más allá de lo que expresan en sus discursos y programas políticos, se articulan en función de la explotación de la naturaleza.

La crítica más radical a estos procesos es encarnada hoy por los movimientos de pueblos originarios, bajo una concepción de la relación con la naturaleza que el movimiento indigenista ecuatoriano denomina “buen vivir”. La asamblea constituyente convocada por Correa en Ecuador toma ese sentido cuando reconoce el derecho de la naturaleza (y no a ella). Así como prohíbe el trabajo precario, la constitución de 2008, expresa el derecho de la naturaleza a no ser explotada, a no ser tratada como recurso. Sin embargo, las propias reglamentaciones de esas leyes violan los derechos proclamados.          

No se trata de advertir que el discurso de los gobiernos progresistas está en contradicción con algunos rasgos fundamentales de la acumulación, sino de asumir las tensiones que surgen de estos rasgos comunes, para que su problematización encuentre un tratamiento democrático y no reaccionario.

Esta escisión entre el discurso político que sostienen los gobiernos que se definen no-neoliberales y las decisiones que toman en relación con los imperativos del mercado internacional y sus actores de poder delinea la complejidad de los procesos políticos actuales en la región  da lugar a liderazgos que corren el riesgo de aislarse de los sectores de la sociedad a los que su discurso los acerca. Se da una suerte de aporía por la cual la distancia entre lo que el gobierno enuncia y lo que hace lo aleja en el nivel de la práctica cotidiana, política y organizativa de los sectores que comparten su discurso, puede tener el efecto paradojal de debilitar tanto al gobierno que en ciertos momentos puede verse privado del sustento social que le daría mayor margen para actuar de acuerdo a lo que enuncia, como a los sectores sociales que precisan de esta dialéctica positiva para profundizar sus planteos de transformación.

La enorme popularidad personal de Correa en Ecuador, por ejemplo, es compatible con un aislamiento en términos de fuerza política organizada. Se confía en él, no en un partido, ni en un movimiento, ni en un sector. El caso de Nestor Kirchner en Argentina es diferente. En la figura personal del líder que emerge de su masiva despedida de fines de octubre se vislumbra la carencia de mediaciones políticas concretas para dar contenido práctico a dicha popularidad.

Pero no se trata de constatar o vaticinar fragilidad de los liderazgos, sino de advertir que la potencia de los procesos políticos de cambio dependen, cada vez más, de la necesaria invención de organizaciones colectivas, abiertas y públicas, capaces de profundizar los cambios en marcha.

16 de noviembre de 2010

Hacia el 2011: desafío del desborde y la apertura

En la calle

Partimos de un hecho vivido: en la plaza del miércoles 27, autoconvocada ante la muerte de Néstor Kirchner, nos encontramos muchos desde diferentes modos del sentir, compartiendo dos grandes preocupaciones: el miedo a que esa muerte produzca un debilitamiento en las decisiones del gobierno nacional que luego del 2003 dieron curso a una sorpresiva serie de políticas democráticas (haciendo del gobierno un lugar activo y atento a ciertas expectativas militantes de años anteriores); la expectativa –que se fue sobreponiendo con la anterior mientras la plaza se llenaba- de una apertura, acompañada para algunos de nosotros por un cierto aire de las plazas del 2001. Memoria y deseo de  apertura surgen del (re)encuentro entre diferentes, de la necesidad de hacer fuerza política de esos diversos sentires, y de la conciencia de (y por tanto disposición a) participar de procesos bien complejos que intenten formular cambios políticos fundamentales en este presente.

2001/2010

Memoria y deseo de apertura no remiten solo a una continuidad con el 2001. Anuncian también una diferencia fundamental. Si aquellas plazas eran destituyentes respecto de unas políticas estatales de corte violentamente neoliberales, que negaban y reprimían toda verdad de las luchas populares, esta plaza del 2010 parte de un reconocimiento a ciertas políticas gubernamentales  que, más allá de sus ambigüedades señalables y siempre señaladas, mutaron ostensiblemente su relación con las formas de politización desde abajo (o políticas situacionales, o de movimientos, o micro, o infra, o como querramos llamarles). Si del 2003 en adelante hay un reconocimiento (con todo lo parcial y ambivalente que podamos considerarlas) a ciertas (muchas e importantes) luchas sociales (derechos humanos, demandas sociales postergadas, etc.), octubre del 2010 parece invertir la dirección de dicho reconocimiento, y es ahora desde abajo que se insufla reconocimiento (también complejo, condicional) hacia el gobierno, y a la figura de la presidenta muy en particular, para que “no afloje”, para que sea “fuerte” y “vaya por mas”.

Dos dinámicas centrales

Dos dinámicas fundamentales, entonces. Una de ellas parte de arriba en la medida en que resulta inseparable de la instauración de una posición estatal que durante los últimos años había sido completamente destituida y desprestigiada (primero, por los flujos de capitales y mediáticos y, finalmente, por un nuevo protagonismos social). Ni superación de lo estatal ni mera restauración, la estatalidad surgente implica reconfiguración institucional. Como sucede en otras regiones del continente, el estado postneoliberal reúne elementos bien diferentes de continuidad y cambio respecto de las formas anteriores (de bienestar, neoliberal). Compuesto inestable, este entramado institucional opera en continua formación. Ya no se trata de la posición de estado como el monopolio exclusivo del mando político, sino de una formación que pretende devenir activa en el contexto de otras fuerzas poderosas (corporaciones, medios, sistema financiero, etc.) con las que se liga y entra en conflicto de modo sucesivo y variable. 

Estamos ante un estado que se reconoce como un actor entre otros. Lejos del discurso neutralista de que “el estado somos todos”, que sitúa a lo estatal como el espacio de lo político y opera en nombre de un supuesto interés general, desde 2003 asistimos al despliegue de una lógica de gobierno que coloca al estado como un actor entre otros dentro del escenario social. Un estado que reconoce la condición postestatal de lo social, que se hizo explícita en los procesos del 2001 y que ya no permite una conciliación de los conflictos a través de la apelación a un interés común, que el estado encarnaría. Un estado que debe reconocer que no es en él donde se realiza lo común, que se ve obligado a asumir su posición singular, a trazar alianzas, negociar y enfrentarse con otros sectores de la sociedad.

El kirchnerismo ha sido hasta ahora la forma más clara de formulación de este tipo de estatalidad, al tiempo que sus defensores de izquierda han equiparado con énfasis esta construcción simbólica y material de institucionalidad como una justiciera “vuelta de la política”.     

La otra dinámica parte de abajo (o situada, o micro, o infra, etc) y, cuando se activa, repolitiza la vida social de un modo diferente a la anterior. No menos compleja que la dinámica propiamente estatal, la politización parte menos de una coherencia discursiva y global y más de una serie de luchas (cotidianas, de visibilidad oscilante) que toman como punto de partida las condiciones y modos de vida. Lucha contra la ampliación de la frontera sojera y los desplzamientos de los campesinos, luchas contra la precarización y tercerización del trabajo, lucha contra el uso intensivo y sin control de los llamados recursos naturales, luchas contra el gatillo fácil, contra el racismo y la getificación urbana y tantas otras formas de resistencia contra las formas de explotación y dominio que se reproducen de modo continuo entre nosotros. Estas dinámicas de politización han variado mucho desde el 2003 a la fecha. Si durante la fase “destituyente” los movimientos sociales atacaban al estado neoliberal constituyendo máquinas de guerra capaces de confrontar con el estado en áreas como el control de la moneda (trueque), de la contraviolencia (piquete) y del mando político sobre diversos territorios del país (asambleas), los movimientos organizados mejor estructurados son actualmente, hoy, parte de la nueva gubernamentalidad, y expresan uno de los rasgos característicos de esta nueva fase del estado.

Y, sin embargo, la movilidad social no se agota en estas formas de movimientos sociales de lucha que hemos conocido ni en la actual configuración de movimiento-gobierno. La plaza del miércoles mostró claramente cómo junto a muchos de estos movimientos junto a una extensa participación de personas y grupos que no consideran ni de cerca que la política se agote en el gobierno y su defensa, sino que se consideran –nos consideramos- sujetos insustituibles de una nueva fase de politización posible.

Esa presencia en la plaza entraña una complejidad no pensable bajo la lógica binaria propia de la política tradicional, partidaria, que clasifica el espectro político en “amigos” y “enemigos”, en oficialismo y oposición. Una complejidad que omite el kirchnerismo cuando traduce la multitud en la plaza en una expresión de apoyo incondicional al gobierno. Una complejidad que omite la oposición cuando pondera los efectos emotivo/afectivos del duelo en las urnas de cara a las elecciones de 2011.

Las singularidades que poblaron la plaza no se encuadran dentro de una identificación directa con el gobierno, no pueden ser nombradas íntegramente como kirchneristas. Insiste allí un exceso, que expresa menos un apoyo que una interpelación. El ánimo no es de fortalecer al gobierno, sino de fortalecer ciertas elecciones, ciertos rumbos que se creen acertados, sin dejar de manifestar la distancia con otros elementos que no se alientan ni se comparten. Interpelar al gobierno, dialogar con él.    

Desborde

Todo dispositivo de gobierno está sometido al riesgo del desborde. Si algo reconocemos estos días es la vocación del kirchnerismo (y a su dispositivo de gobierno, superior a la de cualquier otro grupo político nacional) por contactar con el desborde social, en lugar de reprimirlo. El bicentenario fue una muestra contundente de esa vocación (tanto por la masividad como por la versión de la historia puesta en juego aquellos días). Reconocimiento que ya entonces nos produjo una inquietud, pues el desborde colectivo, una vez contactado, puede ser tanto interpelado desde un punto de vista exclusivamente normativo, bajo la preocupación de la gobernabilidad, o bien tratado como espacio constituyente, de constitución de reglas a partir de su propia realidad material. Los mejores momentos del gobierno han sido aquellos en que ha desarrollado una disponibilidad inédita al diálogo (generalmente conflictivo pero real) con esta dinámica de desborde. Y los peores, los mas indignos y a la vez menos imaginativos, han ocurrido cuando se intentó someter estas dinámicas a dispositivos hechos de inconfesables con los poderes de turno Ambas dinámicas gubernamentales salen a la luz, como alternativas, cuando la politización desde abajo tensa la escena. La muerte de Mariano Ferreyra muestra lo esencial de esta disyuntiva: la lógica del gobierno articula empresas y sindicatos mafiosos bajo formas de gestión innobles del trabajo. La lucha de los tercerizados y luego la muerte de Ferreyra ponen a la luz la otra cara, la lógica del desborde y, con él, otras posibilidades (a las que el gobierno acudió de inmediato una vez que trascendió el crimen). 

Cuando hablamos de apertura nos referimos a la necesidad de profundizar esta dinámica de reconocimiento y diálogo con las formas de politización que viene de abajo. Convertir las formas de subordinación de modos de vida de los muchos en momentos de problematización y apertura política. Por eso, creemos, la plaza del miércoles es profundamente compatible (o, en todo caso, bregamos para que lo sea) con gestos contundentes en el sentido esta conversión, a partir de la tragedia de los tercerizados del Roca, para seguir con un ejemplo entre otros, para prolongar esta dinámica al conjunto.  

El desborde implica  gasto público, incontinencia presupuestaria, presión democrática, tendencia redistributiva (no sólo de ingresos sino de decisión social y política en todos los campos). El gobierno tiene el mérito excluyente del reconocimiento a esta lógica y, como ningún otro, coqueteó con ella. Desde su perspectiva se trata de “gobernar” (un equilibrio variable de los verbos contener, controlar, satisfacer, silenciar, denunciar) el desborde (el conflicto social) sin represión estatal. Esto se ve en la relación con diversas escenas como las asambleas de Gualeguaychu, la naturaleza del reconocimiento de Moyano en detrimento del reconocimiento de la CTA, diversos manejos territoriales, etc.  Insistimos: no es que nos sorprenda que el gobierno pretenda gobernar. Pero la politización de abajo abre nuevas posibilidades que no cabe delegar –precisamente- en los gobierno. Emergiendo de situaciones y conflictos capaces de replantear los términos falsamente excluyentes entre caos y gobierno se abre una interface creativa que nosotros llamamos politización en su sentido más radical. Politización, en este sentido, no es idéntico a “vuelta de la política” (protagonismo estatal). La “vuelta de la política” implica una imagen de la política a restaurar. La politización, en cambio, es dinámica histórico-singular, salida de su propio impasse, y capacidad de replantear escenarios y de producir novedades de peso.

La caracterización de la plaza como una “vuelta de la militancia” puede ser adecuada para pensar los movimientos que tomaron fuerza en el seno del período político abierto en el 2003 y que se identifican con las figuras de Néstor y de Cristina como sus líderes. Agrupaciones de jóvenes cuya identidad se constituye en torno a la imagen de las militancias de los 70, ensayan una continuidad entre las experiencias militantes de ambas épocas, así como evocan una continuidad entre la figura de Perón y la de los Kirchner.

Esta idea de restauración como recomposición de la relación líder-pueblo parece sostenerse en una cierta omisión de los procesos abiertos en 2001, donde el sistema mismo de representación es cuestionado bajo la exigencia de “que se vayan todos”. El 2001 traba el trazado de una linealidad entre la política de hoy y la que fue. La crisis de la estructura política heredada y la emergencia de nuevas formas de expresión y acción de los grupos sociales marcaron un límite para todo intento de gobernabilidad que sobreviniera. Podemos pensar que la creatividad es la condición necesaria para actuar dentro del espacio político que allí quedó abierto.        

Una insistencia

La irrupción democrática articula plazas como en una memoria dialéctica: plaza del 2010 – plaza del 2001. En ambos casos (completamente diferentes) ocurre la irrupción de una multiplicidad de subjetividades politizadas que intentan que el juego no se cierre. El riesgo (contra el cual hubieron intentos constructivos de movimientos, de grupos, etc.), durante el proceso en torno al 2001 era no tener nada que decir más allá de la destitución. En el 2010 el riesgo es que el cierre venga desde arriba como desmerecimiento de todo aquello que podría abrirse desde abajo.

Topología

Por todo esto, es posible considerar que la topología de la polarización se ha agotado en su realización. La distinción entre kirchnerismo y no-kirchnerismo se vuelve inoperante. Al conflicto entre kirchnerismo y antikirchnerismo se le sobrepone uno de mayor voltaje político: apertura –que se nutre tanto de cierto kirchnerismo y de cierto no kirchnerismo- frente a cierre, venga de donde venga, incluso de sectores del kirchernismo y del no kirchnerismo. “Dentro” y “fuera” son categorías en reformulación. ¿Al participar de la plaza del miércoles se está inmediatamente dentro del kirhernismo, del peronismo, del gobierno? Si se responde que sí, la operación de cierre vendría del interior de la plaza misma. Si se responde que no, ¿se estaría, por eso, inmediatamente fuera y contra todo lo que esos nombres implican? Si esta es la respuesta –venga de donde venga- la plaza se cierra y se achica irremediablemente. Resulta evidente, entonces, que este sistema de percepciones probablemente ya no funcione como antes. “Dentro” y “fuera” ya no remiten (gran novedad) al modo en que se determinó el juego a partir del 2003. 

La necesidad de concebir posiciones más allá de la dualidad dentro-fuera será leída desde adentro y desde afuera como una evasión de la toma de partido por una las dos posiciones. Y es una definición precisa: ya no interesa tomar partido, lo que se busca es habilitar y habitar nuevas formas de actuar y pensar lo político. Ese no estar dentro ni estar fuera es lo que fija una irreductibilidad que se sustrae a la asimilación y abre un terreno del diálogo que la lógica identitaria del simple adentro (o el simple afuera) aplanaría.  

El principal espacio que necesitamos abrir (y se está abriendo) reúne, entonces, a quienes pujamos por recrear –desde una politización desde abajo- el proceso de constitución social, y al hacerlo encontramos nuevas posiciones posibles. El propio gobierno se encuentra en una situación paradojal en esta nueva configuración de fuerzas. Exterior, cuando se articula con lógicas de poder (de nuevo, caso Ferreyra, y tantos otros), o cuando reduce todo contacto con el desborde a tratamiento meramente gubernamental. Interior cuando invoca, empuja o asume un diálogo abierto con nuevas formas de politización que no controla ni enfrenta. La complejidad del momento es enorme. Porque el gobierno está tramado por diversas lógicas simultáneas. Se trata, quizás de sustituir las “o” (o la verdad del gobierno es o bien es otra) por la “y”, que nos permite comprender la diversidad de escenas que esta situación involucra y genera. No se trata de una “y” inocente, justificadora o desentendida, sino “y” capaz de producir un desplazamiento o de rearticular un nuevo campo de antagonismos (“o” de las politizaciones). Los procesos de politización desde abajo y los partidarios de la “vuelta de la política” (desde arriba) entran así en un diálogo difícil, y ojala auspicioso, pleno de dificultades por dar sentido a la “y” que debería reunirlos, y ante una “o” que podría agruparlos sin borrar importantes líneas de tensiones internas. Si los pensamos desde las dinámicas de politización desconocemos esta complejidad, el horizonte será el aislamiento y el sectarismo, así como una pérdida del sentido de la oportunidad. Si los defensores de la “vuelta de la política” (desde posiciones de gobierno) desconocen el esfuerzo serio de interlocución que el momento abre (promoviendo lenguajes y militancias estereotipadas y conduciendo todo el proceso a una simplificación puramente polarizante) colocarán ellos mismos los límites al actual momento (neodesarrollista y estatalista) castrando al actual proceso de movilización de los diferentes que proyectan un deseo y una memoria común.   

Diego Stulwark, 2010-11-10

28 de octubre de 2010

Los 80 como problema que vuelve

Nos proponemos reflexionar acerca de lo político en la década del 80. La década de la salida de la dictadura militar en Argentina y en muchos de los países de América Latina. La década de la primavera democrática y que, sin embargo, ha quedado signada por un sentimiento de frustración. Una época considerada mundialmente como época de fracaso, a la que se denominó la década perdida.

En la actualidad, a la par de una inscripción ideológica en las militancias de izquierdas de la década del 70, por debajo de una inscripción que se da a viva voz, hay un reanudar de los valores de la política instaurada en los 80. Los desafíos, los dilemas, los propósitos, los criterios políticos que caracterizaron a aquél período permanecen, con una presencia sorda, en la política de hoy.  

Los 80, en tanto época que se abre a partir de la derrota de los proyectos de sociedad que expresaban los movimientos políticos y sociales de los 70, parecen ser el límite de lo que la política actual puede retomar del pasado. Como si los 80 fueran una pared infranqueable, más atrás de la cual no se puede ir. Los intentos setentistas chocan irremediablemente con ese límite, rebotan contra la memoria de los 70 y caen en los 80. Por eso, podemos decir que nuestra era está fundada en 1983 y no antes de esa fecha.

En primer lugar, nos preguntamos ¿cuándo empieza y cuándo termina el período que nos proponemos pensar? Como hipótesis, situamos el inicio en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982. La guerra manifiesta el agotamiento de un período político. En el momento en que se declaró la guerra, Carlos Menem estaba participando de un encuentro en Libia y, cuando se enteró de la noticia, le dijo al resto: “me vuelvo ya para Argentina, acaba de empezar mi carrera política”. Menem percibió que lo que se venía era el fin de la dictadura y la apertura de un escenario en el cual él tenía mucho por hacer. Podemos preguntarnos ¿qué es lo que Menem vio aflorar en el año 82? y ¿cuándo termina el ciclo de expectativas que él intuyó en ese momento?

Con la derrota de Malvinas hay un cambio en la sensibilidad política. La misma sociedad que en 1982 había apoyado masivamente la participación en la guerra, tres años más tarde votó en contra del enfrentamiento armado con Chile por el Conflicto del Canal de Beagle. Se pasó de una posición pro-bélica a una actitud pacifista. Cuando hablamos de los 80 nos referimos a ese período en que ya no era legítimo resolver un desacuerdo a través de la guerra. Ese tono antibelicista en la política argentina está muy vinculado al proceso que expresó el alfonsinismo.

La conciencia política de los 80 se monta sobre una crítica a las formas violentas de procesar los conflictos dominantes en la década anterior. Hay un balance de los 70, que los ve como un tiempo sitiado por una guerra que tenía dos bandos, dos demonios. La idea de que esos dos bandos en guerra eran responsables de la imposibilidad de un sistema político moderno es una idea central para el alfonsinismo. De ella se deriva la necesidad de un nuevo sistema político, basado en la exclusión de la violencia y la creación de canales institucionales de expresión y de diálogo.

La democracia era el sistema que permitiría erradicar de la sociedad a la guerra, la violencia y la muerte, encarnadas en el terrorismo militar. La construcción política de Raúl Alfonsín partía de la observación de que la dictadura era una forma de pensar y actuar que, restituido el funcionamiento de las instituciones, pervivía en las corporaciones, instancias de lo social que no habían sido democratizadas. Los discursos de Alfonsín durante su gobierno tienen un objetivo dominante: las corporaciones, capaces de desestabilizar la democracia.

Alfonsin se enfrenta con la iglesia, con los sindicatos, con Regan y con las fuerzas armadas, pero de ninguno de esos lugares surge el poder que lo voltea. No lo voltean los cara pintada, no lo voltea la iglesia, no lo voltean los enemigos declarados. La caída de Alfonsín no tiene que ver con el método sistemático que el poder económico utilizaba en toda la región para mantener el poder político, que era el golpe de estado. Podemos pensar que el fin de la década del 80 sobreviene cuando se descubre que el poder que atacó al proyecto alfonsinista era un poder que el alfonsinismo no conocía: el poder económico-financiero.

Puede que el último acto político que se dio en los términos de esa construcción haya sido el asalto al cuartel de La Tablada, el 23 de enero de 1989, que buscó defender con las armas un gobierno democrático que se veía amenazado por las fuerzas militares. El Movimiento Todos por la Patria (MTP) era una fuerza civil preparada para hacer frente a un golpe militar. En este sentido, el MTP fue el mas consecuente proyecto alfonsinista, la encarnación más radical de la preocupación política de los diferentes actores de la democracia en esa coyuntura.

El sistema político organizado en aquellos años se estructuró en torno a la hipótesis de que la herramienta del poder contra un movimiento democrático eran las fuerzas armadas. Se dice que los ejércitos se preparan para las guerras ya pasadas. El poder desestabilizador de la democracia, que en los 80 no se alcanzaba a identificar, fue visto por Menem cuando llegó al poder y, con ello, se dio comienzo una nueva etapa en la política del país.  
 
Menem, cuando asumió, aniquiló a los militares y pactó con ese poder cuya irrupción había sorprendido al sentido común alfonsinista de la época. El nuevo presidente entendió que no hacía falta lidiar con las corporaciones, que el poder estaba en un sector económico-financiero en plena expansión. Inició un gobierno que no sólo fue amistoso con el poder económico o funcional a él, sino que incorporó al poder económico como parte misma del manejo de lo público.

Así dispuesto el Estado, la propia significación de la democracia se ve modificada. Menem no tuvo el problema de defender las instituciones, ese era un problema de los 80. En los 90 la democracia nunca estuvo en riesgo, el sistema político dejó de ser lo que se oponía o contrarrestaba los poderes, para constituir la plataforma que los articulaba. Integrado por las fuerzas que lo desafiarían, el gobierno no era sujeto de conflictos, su estabilidad no podía estar en riesgo.

Después de la crisis de 2001, el problema de la confrontación entre lo sectores de la sociedad y la preocupación por la continuidad de los gobiernos retornan a la conciencia política. La lectura de que un proyecto político puede contrapesar el poder de las corporaciones entraña para el alfonsinismo una frustración que no le permite a los sectores afines volver a articular ese discurso. Quien lo retoma es el kirchenrismo.  

Mientras los alfonsinistas critican a este gobierno por violento, las confrontaciones del kirchnerismo bien pueden verse como herederas del habitus político forjado por Alfonsin. Los Kirchner pertenecen a una generación fuertemente impactada por la lucha de Alfonsín contra el poder de las corporaciones. Tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina tienen un discurso estructurado en torno a la pelea contra las corporaciones: los medios de comunicación, la iglesia, el campo.

En el conflicto de 2008 el campo fue concebido por el gobierno como una corporación. No se trató de una disputa económica, fue una disputa política. En el orden económico, el gobierno le dio al campo todo lo que quería, pero, a nivel político, intervino para evitar que se conformara el bloque de derecha que el aquél buscaba aglutinar en torno suyo.

La categoría de lo destituyente, que tomó fuerza por esos días, recupera la herencia de la política de los 80. El discurso de Carta Abierta tiene como eje la defensa de la democracia y de la institucionalidad. Cristina, cuando hoy dice “los que nos vienen a hacer un golpe no son los generales militares, son los generales mediáticos” está apelando a la memoria de lo 80. Advierte que el espíritu antidemocrático que antes representó la dictadura hoy lo encarnan las corporaciones.

La diferencia que marca al hablar de generales mediáticos evidencia la mediación de los 90, subraya la presencia de ese poder que aparecía solapado en la década alfonsinista y que terminó con el gobierno de Alfonsín. La política kirchnerista es de ruptura con una indistinción entre poder político y poder económico, destapa el conflicto. Sólo después de discernir los actores, planteará articulaciones y distancias con cada uno de ellos. Por eso, si bien los K retoman de los 80 el discurso anticorporativista, deben dejar de lado el elemento de pacificación. Si hoy Cristina saliera a decir “la casa está en orden”, se acabaría esta época de la política.   

6 de octubre de 2010

¿Qué autoriza en política?

Partimos de la pregunta ¿qué autoriza en política? Es decir: ¿en qué condiciones queda alguien autorizado/a a participar en un proceso político? No nos referimos simplemente a identificar a una autoridad jurídica para acceder formalmente al juego político, sino a qué tipo autorización habilita esos procesos. ¿Quién tiene derecho a tomar la palabra sobre un tema y qué es lo que produce/otorga ese derecho?

No partimos de una idea predeterminada de “autoridad”. Solemos pensar la autoridad como un poder vertical e impositivo de unos sobre otros, puro poder de mando. No es necesariamente así. La autoridad puede adquirir diversos modos de legitimidad. Un gesto, una voz puede habilitar determinados recorridos en un cierto espacio. Vamos a intentar  corrernos del discurso antiautoritarismo, que podría limitar el análisis a una zona más conocida por nosotros. Podemos concebir a la autoridad presentándose bajo formas siniestras o sublimes, y en el medio, como siempre, percibir una infinidad de matices.

El proceso del que partimos tiene que ver con la presencia actual del discurso referido a los años setentas como parte de la atmósfera política. En el contexto actual, ¿qué autoriza a hablar de dicha época? ¿cualquiera puede hablar de los 70? ¿qué autoriza a revisar la memoria, a estructurar o revisar esos relatos? El mecanismo autorizador más evidente es el que remite a la vivencia en primera persona. Como si se tratase de una pirámide jerárquica a la hora de tomar la palabra referida a aquella coyuntura y sus efectos actuales. En el vértice superior se encuentran quienes presenciaron aquellos acontecimientos. Quienes protagonizaron militancias, quienes fueron testigos, quienes padecieron el horror. En la cúspide, entonces, quienes participaron de militancias en las izquierdas, quienes fueron perseguidos o secuestrados por la dictadura  (la pirámide de lugares incluye también, a partir de los años 80 y 90 a familiares).

La autorización parece provenir, en primera instancia, entonces de la voz de quienes vivieron aquellos años. Esa autoridad, creciente los últimos años, tiene una cara orientada a desautorizar otras legitimidades a la hora de construir narraciones. Discursos que cuestionan la relación directa y de por sí auténtica que emanaría de aquellas prácticas y que enfatizan la perspectiva del paso de los años como condición de reelaboración más abierta. 

Otra cara de aquella autoridad consiste en fundir las historias de lucha con la sacralidad que deriva de la magnitud del horror que acompañó la derrota política de aquel proyecto. Esa sacralidad obtura la posibilidad de que cualquiera hable de ellas, profanándola. El discurso de muchos de aquellos protagonistas encarna una operación redentora. Cuando esa pretendida redención cierra en lugar de abrir surge un discurso “viudo”, relacionado con el pasado siempre desde una fijación doliente.  

Ese principio de autoridad fue desplazado con mucha sutileza por el personaje Bombita Rodríguez (“el Palito Ortega Montonero”) compuesto por Diego Capusotto. Bombita se saltea esa sacralidad discursiva del sobreviviente. Ese desplazamiento no contiene el desprecio ni el resentimiento con que muchas veces se responde al tipo de autoridad setentista. El personaje está compuesto desde un tipo muy especial de cercanía, comprensión y afecto que permite una profanación indolora capaz de habilitar (autorizar) otras miradas. Se trata de un acto que habilita nuevos tonos, que abre el campo de la discursividad, haciendo que toda una generación (las generaciones posteriores) sienta nuevos derechos respecto de la historia reciente.

No se trata tanto de un caso de un discurso autorizado, como de una perforación de la pirámide de lugares de autorización que regulaba el discurso sobre aquellos años, y sobre el meta-discurso (revolucionario) que la caracterizó. Abre posibilidades a nuevas legitimidades. En este caso, no se trata sólo de tener una voz autorizada, sino de asistir a la emergencia de un nuevo principio de autorización, que destraba otros discursos. Las voces que surgen pueden tener improntas diversas (tanto siniestras como interesantes). El principio de autoridad instaurado por las Madres de Plaza de Mayo (familiares que quieren saber, que buscan justicia), por ejemplo, fue retomado y trastocado, pervirtiéndolo en una deriva entonces impensada por la figura de Juan Carlos Blumberg. En el medio hay mil matices, que van desde la madre de El Frente Vital, a las víctimas de Cromañón, pasando por las habituales escenas en que vecinos, familiares y amigos de las víctimas de casos de “inseguridad” toman la palabra pública investidos por ese carácter de proximidad. 

A la par de la pregunta por quién está autorizado hoy a hablar de los 70, surge la pregunta por qué cosa de los 70 autoriza la palabra actual. Como si una imagen de la militancia de aquella década pesase sobre la imaginación actual como modo privilegiado de la voz política. ¿Qué había en la militancia en los 70 que añora la participación política de hoy? ¿la juventud de los 70 fue la última juventud, la última generación que se dio los medios (políticos) de una experiencia y un proyecto político colectivo? ¿la generación de los 70 fue la última generación política, la última que produjo imágenes sobre qué cosa es y qué no es político?

Puede que haya sido la última generación que construyó una definición de política. O bien la última que usufructuó las definiciones que venían del siglo de la revolución. Las generaciones posteriores se ven forzadas a discutir esa definición, o a olvidarla. A actuar de acuerdo a ella y rendirle culto, o bien a profanarla según fines diversos.

Forjada en esa definición homenajeada, un segmento muy visible de jóvenes militantes afines al gobierno actual retoman esa imagen como modelo. Vemos en ellos/as una politicidad que busca reconocimiento en la generación de los 70. Una juventud que parece inscribirse en un aquel orden de autorización piramidal que describíamos al inicio. Una juventud que intenta constituirse por cercanía o por imitación a quienes fueron/son “los” protagonistas.

No deja de incomodarnos la visión incomprensiva de esas prácticas como mera repetición. La repetición habla tanto de quienes repiten como de aquellos que, huyendo de la repetición,   no logran evadirse de ella proponiendo una nueva diferencia. Cuando hay herencia se activa la pregunta por los herederos, por las acciones que se dan en torno a la herencia. No hay definiciones inmutables. Lo que se hereda demanda de los herederos una permanente reelaboración. ¿Puede nacer allí una nueva definición de la política? ¿En qué espacios puede verse hoy una forma de pensar lo político que no sea la de la generación de los 70?

Mas aún: si la lengua de la política permanece aún bajo la esfera de significaciones de sentido exacerbada durante aquellos años: ¿no haría falta cambiar la pregunta misma en torno a la política y las generaciones para ayudar a alumbrar nuevas legitimidades públicas?